Tegucigalpa, 28 de febrero del 2017.- El próximo 2 de marzo, se cumplirá el año del asesinato de la defensora de derechos humanos, Berta Cáceres.

El Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) -en un pronunciamiento que ha hecho público el día de hoy-, alerta sobre los problemas que presenta el proceso judicial, refiriéndose en primer lugar a la falta de transparencia con que se ha manejado y maneja el caso, pese al anuncio de la captura de ocho presuntos responsables de la muerte de la lideresa lenca.

A la fecha de hoy, pese a la captura de estas personas, sindicadas como autores materiales, el Ministerio Público no ha presentado pruebas que determinen su autoría intelectual en el ataque contra la defensora, directora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas COPINH y el defensor de derechos humanos Gustavo Castro.

“Esperamos que las actuaciones del Ministerio Público, tendientes al esclarecimiento de este crimen, cuenten con la debida y rigurosa sustentación, que permita en el marco del juicio establecer los niveles de participación de cada una de las personas privadas de la libertad”, declaró Liliana Uribe, penalista y vocera del GAIPE.

El GAIPE está compuesto por 5 integrantes, especialistas en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional y Derecho Penal Comparado. Inició su investigación el pasado noviembre, a petición de la familia de Berta Cáceres y del COPINH, con el objetivo de garantizar un análisis independiente, objetivo e imparcial de los hechos acontecidos la noche del 2 de marzo de 2016.

Entre abril del 2013 y febrero del 2016, el GAIPE ha podido registrar 122 agresiones en contra de integrantes del COPINH, de los cuales 36 fueron directamente en contra de Berta Cáceres.

Esta información ha sido recabada por el Grupo sin acceso oficial al expediente, como consecuencia de la decisión del Ministerio Público de mantener en secreto las diligencias y líneas de investigación. “Esto evidencia la grave discriminación de la que han sido víctima los familiares de Berta y los integrantes del COPINH”, afirmó Uribe.

En su pronunciamiento, el grupo de asesores, resalta el hecho de que la defensora contaba con medidas de protección, otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando fue atacada en su hogar. Desde 2006, 13 de los/as 49 defensores/as de derechos humanos con medidas de protección emitidas por la CIDH han sido asesinados/as.

“Se va a cumplir un año sin Berta y queremos llamar la atención por el estado de desprotección a la que están expuestas las defensoras y los defensores de derechos humanos en Honduras. Berta Cáceres fue objeto de recurrentes actos contra su vida, libertad, integridad y tranquilidad personal. Finalmente la asesinaron. No podemos permitir ni que su muerte quede impune ni que vuelvan a ocurrir muertes como la suya”, finalizó Liliana Uribe, portavoz del grupo.

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