El 2 de marzo de 2017, hará un año del asesinato de Berta Cáceres Flores y se celebrará su vida como madre, hija, defensora, feminista, lideresa indígena y ambientalista. Alrededor del mundo, se recordará su lucha con eventos, homenajes y el llamamiento: “Berta Vive, COPINH Sigue”.

Desde el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) expresamos nuestras condolencias a su familia, compañerxs y amigxs, en Honduras y a nivel global, y nos solidarizamos con ellxs.

El GAIPE fue creado a petición de la Familia Cáceres y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) -con el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales-, para garantizar un análisis independiente, objetivo e imparcial de los hechos de los que fueron víctimas Berta Cáceres Flores y Gustavo Castro Soto.

El mandato que recibimos en el GAIPE permitirá profundizar en aspectos de la investigación penal por el homicidio de Berta Cáceres tales como: i) la verificación de la teoría del caso propuesta por el Ministerio Público de Honduras con respecto a los actuales imputados; ii) la identificación de líneas de investigación con respecto a los autores intelectuales o determinadores; iii) la caracterización del modus operandi de las estructuras criminales que han perpetrado ataques sistemáticos contra integrantes del COPINH, incluida Berta Cáceres; iv) la búsqueda de patrones comunes entre el crimen de Berta Cáceres y otros defensores de derechos humanos y ambientales; y v) la investigación sobre las obligaciones internacionales de protección que el Estado de Honduras tenía hacia Berta en el momento de su asesinato.

A su asesinato, Berta Cáceres fue objeto de recurrentes actos contra su vida, libertad, integridad y tranquilidad personal, los cuales se ejecutaron en el contexto de los ataques y persecuciones sistemáticas al COPINH. Hasta el momento el GAIPE ha podido registrar 122 agresiones en contra de integrantes del COPINH, de los cuales 36 fueron directamente en contra de Berta Cáceres, ejecutados entre abril de 2013 y febrero de 2016, siendo especialmente, amenazas, hostigamientos, judicializaciones y ataques a su integridad y libertad personal. Estos hechos se han producido en el contexto de la estigmatización púbica, realizada por servidores públicos y representantes de empresas privadas. Con ocasión del primer año del asesinato de Berta Cáceres, desde el GAIPE queremos destacar el estado de desprotección a la que están expuestas las personas que defienden los derechos humanos en Honduras.

Los sucesos ocurridos a Berta Cáceres son perturbadoramente comunes. Según expertos internacionales de las Naciones Unidas, Honduras es el país más peligroso del mundo para defensoras/es de la tierra y el medio ambiente. Desde 2006, 13 de los 49 defensorxs de derechos humanos con medidas de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sido asesinadxs. Es fundamental que el recientemente creado Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores y Operadores de Justicia del Gobierno de Honduras cuente con los recursos y disponga de la voluntad necesaria para cumplir su importante mandato.

En ese sentido, el sistema penal tiene un rol importante en el desmantelamiento de las estructuras criminales relacionadas con los hostigamientos y las agresiones a líderes sociales y defensoras de derechos humanos. Según los estándares de debida diligencia establecidas por el Derecho Internacional de Derechos Humanos, una investigación integral debe establecer los máximos responsables, a efectos de que el aparato criminal que aquí actuó pueda ser desarticulado y se garantice a la sociedad el derecho a la no repetición. Desde el GAIPE suscribimos que la actuación de la justicia en el caso de Berta Cáceres, no debe quedar limitada al procesamiento de los ejecutores materiales.

A un año de la muerte de Berta Cáceres, el Ministerio Público del Estado de Honduras ha efectuado ocho capturas, en relación con las cuales se ubica a los detenidos como autores materiales, sin que exista sustentación aún sobre sus formas y niveles de participación en el hecho criminal. El órgano acusador tampoco ha anunciado qué relación guardan estas personas con estructuras criminales.

Al GAIPE le asisten preocupaciones en relación con la investigación integral de estos hechos por parte del Ministerio Público:

• ¿De qué manera ha sido tenido en cuenta dentro de la investigación, la relación de conexidad de los ataques sufridos previamente por Berta Cáceres (36) y el COPINH (122), con el asesinato de ésta y la existencia de un aparato criminal responsable de estos hechos?
• ¿Cuáles son las acciones concretas adelantadas por las autoridades hondureñas para desmantelar o desmontar la estructura criminal que acometió el crimen de Berta Cáceres y la que ha desatado una serie sistemática de hechos delictivos contra los integrantes del COPINH?
• ¿Cuáles han sido las acciones investigativas encaminadas a establecer los autores intelectuales y financiadores del crimen de Berta Cáceres, y la conexión de los mismos con otros crímenes en contra de defensores y defensoras de derechos humanos y del ambiente?
• ¿Como ha sido explorada la existencia de patrones comunes entre los hechos delictivos de que han sido víctimas defensores y defensoras de derechos humanos, en el desarrollo de la investigación, para revisar si podrían revestir características de crímenes bajo el derecho penal internacional?
• Si existen estas investigaciones, ¿qué medidas han sido adoptadas por las autoridades de Honduras, para garantizar la participación y conocimiento efectivo de las mismas por parte de las víctimas y sus representantes?
• Han transcurrido más de seis meses desde que ocurrió el hurto del expediente de la investigación penal del homicidio de Berta Cáceres, ¿cuáles han sido acciones investigativas realizadas para determinar si los autores del hecho guardan algún nivel de relación con quienes ordenaron y/o ejecutaron el crimen contra Berta Cáceres?
• ¿Cuáles han sido las acciones concretas tomadas por autoridades hondureñas para garantizar a los testigos con reserva de identidad se les proporcionen medidas de protección efectivas?

El GAIPE espera las actuaciones del Ministerio Público, tendientes al esclarecimiento de este crimen, cuenten con la debida y rigurosa sustentación, que permita en el marco del juicio establecer los niveles de participación de cada una de las personas privadas de la libertad.

En estas labores debería estar enfocado el Ministerio Público y, en general, las autoridades hondureñas, a fin de investigar íntegramente el grave crimen contra Berta Cáceres. En especial, con el objetivo de evitar la ocurrencia de otros hechos contra defensores y defensoras de derechos humanos.

Asimismo, el GAIPE aspira a que se levante el secretismo de la investigación con respecto a los familiares de las víctimas y sus representantes; y se pregunta si esta misma actitud del Ministerio Público, avalada por la Judicatura, fue recíproca con los defensores de los procesados. Si ello es así, las garantías judiciales de los sujetos procesales estarían seriamente agraviadas en este procedimiento penal y si no es así, se evidenciaría una grave discriminación con respecto a las víctimas del caso.

El mandato del GAIPE está implicando un proceso de construcción de metodologías de investigación, de búsqueda y acceso de información documental y judicial y de acercamiento a testigos relevantes, que requieren contar con las garantías de seguridad a fin de aportar al esclarecimiento de los hechos. Su labor se ha hecho necesaria en la medida en que aún no se tiene conocimiento de que el Estado Hondureño haya abordado integralmente las investigaciones por los crímenes contra defensores y defensoras de derechos humanos, como tampoco lo ha realizado con respecto al asesinato de Berta Cáceres.

1 de marzo del 2017.